“Los pactos constitucionales deben ser respetados” 

 

La decisión de la provincia de no acatar los fallos que reponen en su cargo al ex procurador Sosa abrió una crisis para la que desde el siglo XIX existen reaseguros institucionales. El Congreso debe instrumentar los mecanismos reparatorios.

Por Carlos Alberto Carranza, Diputado Nacional – Peronismo Federal

Cuando en 1852 después de Caseros comenzó la constitucionalización del país que culminó en Santa Fe un año después con la sanción de la Carta Magna de los argentinos, la unidad nacional fue el cimiento del progreso por aquel entonces. La paz pudo abonar la prosperidad y la Argentina fue puntal en el mundo. También, esa paz fue clave en el desarrollo no sólo económico, sino cultural, educacional y por sobre todo moral.

 

Posteriormente en el siglo XX, entre el radicalismo, que trajo el respeto por las formas, por la democracia y por las instituciones, y el peronismo, que puso la justicia social, la igualdad y los nuevos derechos, se terminó de dar tallado a la base de armonía, equilibrio y cohesión que necesitan todos los procesos históricos. Así fuimos creciendo como nación y este año 2010 celebramos el Bicentenario de la Revolución de Mayo, todos unidos aunque más no sea durante los festejos.

 

Pero aquel pacto fundacional firmado por los “trece ranchos” que acudieron a San Nicolás puso fin a más de 40 años de sangrientas luchas entre hermanos. En 1860 se incorpora Buenos Aires, la “hermana mayor”, a la Confederación, y así nació nuestra patria en el aspecto constitucional. Los “trece ranchos y la hermana mayor” se unieron en la búsqueda de un destino de grandeza. Se formó así la Nación: representativa, republicana y federal.

 

Todas las partes dejaron algo de lado y formaron el todo, y bajo los designios de Alberdi y de los Pactos Preexistentes, cedieron varias de sus conquistas en homenaje a la nueva república. Se formaron entonces algunas de sus instituciones fundamentales de gobierno que aún nos rigen, como el Poder Judicial de la Nación. Las provincias se reservaron expresamente ciertas facultades y delegaron otras, en lo que se denominó el “contrato constitucional” que firmaron entre éstas y el Estado nacional.
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Esto de alguna manera sintetiza la soberanía, el territorio, el nombre, la historia, los símbolos y el reparto de los demás poderes, facultades, atribuciones y competencias que de allí en más tendrían que respetar los demás países y los estados provinciales, para con el Estado nacional. Esta arquitectura de la organización nacional nunca estuvo en duda y jamás antes de ahora en los precedentes históricos de que se tenga memoria, se ha puesto en crisis el contrato constitucional por ninguna de las partes, y menos por un Estado provincial. Porque -a decir verdad- esto es lo que está en juego: no sólo la forma republicana de gobierno, sino el “pacto fundacional” de los argentinos que alumbró el sistema federal que tenemos hace 157 años.

 

Me estoy refiriendo por supuesto al caso de la provincia de Santa Cruz y la situación de no acatamiento a las decisiones del máximo tribunal de justicia de la Nación. Siempre hubo tensiones entre la Nación y las provincias, y entre éstas entre sí, las que en su gran mayoría fueron resueltas precisamente por la Suprema Corte de Justicia Nacional, conforme su competencia y por ser el último garante de las libertades públicas, de las garantías individuales y de los derechos de las personas y de los estados partes.

 

¿Podrá mantenerse el “contrato constitucional” y la entidad moral de una de sus más prestigiosas instituciones como lo es la Corte de Justicia, sin mella de su prestigio y credibilidad ante tanto atropello y descalificación? Este es el desafío más importante que hoy tiene nuestra dirigencia política y, lo que es más trascendente, seguir o no seguir subordinados al imperio de la ley y la Constitución. Es una deshonra que no merecen ni el federalismo, ni la Carta Magna, ni la historia argentina.

El futuro será impredecible si no mantenemos vigente todas estas instituciones; caso contrario, el alto costo institucional nadie lo podrá dimensionar. Nada es más urgente y el Congreso tiene la palabra.