Para Reutemann el 82% móvil para jubilados debe ser el “piso de la reivindicación”



 







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En una sesión histórica, el senador santafecino votó a favor de otorgar el 82% móvil para todos los jubilados. En su argumentación, el legislador argumentó que el sistema funciona “en los países más desarrollados del mundo” e incluso recordó que “en tiempos en los que la Argentina era modelo en Latinoamérica de mayor equidad” también se logró.
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En su discurso, Reutemann preguntó a los demás legisladores: ¿Por qué negarles a los jubilados el 82% móvil y la recomposición de la escala de los haberes? ¿Es que los jubilados son ciudadanos de segunda? Luego, el senador cuestionó al Gobierno por asegurar que no hay fondos para los trabajadores inactivos, pero sí la hay para financiar al deficitario “Fútbol para Todos” o para la publicidad oficial.
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Antes de dar su voto positivo, el senador instó a cumplir con la Carta Internacional de Derechos Humanos que establece como uno de los tres derechos humanos básicos a promover: “El derecho a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a los niveles más altos posibles de bienestar físico y mental”.
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Finalmente, Reutemann aseguró: “Con esta Ley estamos cumpliendo con una de las más antiguas y sentidas deudas sociales que tenemos todos los argentinos”.
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Lea el discurso completo.


Señor Presidente:


Hoy en este Senado se desarrolla una sesión que será trascendente.


El debate de la fecha se encuentra en consonancia conceptual, por ejemplo, al que se dio cuando en el Congreso se aprobó la legislación social, en épocas en las que se instituyó el aguinaldo, la jornada reducida de labor y las vacaciones pagas.


Aquel momento, en que el primer peronismo abordó una profunda agenda social, marcó un quiebre en el rumbo de la historia.


Y hoy, a mi juicio, estamos en presencia de otra instancia fundacional, con la que daremos un nuevo paso para abrazar la bandera de la justicia social que nos legara el creador del partido al que pertenezco.


Nos aprestamos a tratar, y espero que a consagrar, el proyecto con media sanción venido de Diputados que incluye una vieja reivindicación de nuestros mayores. Pretendemos que se les conceda, el 82% respecto del salario mínimo, vital y móvil, en el caso de las jubilaciones más bajas.


Además, se plantea recomponer la pirámide previsional que fue sumamente afectada por el virtual congelamiento que sufrieron las jubilaciones, particularmente las medias, entre los años 2002 y 2006.


¿Y por qué este debate se centra en un número, que puede parecer algo "mágico", el 82?


Ese número, que bien podría ser otro, que bien podría ser entendido como el piso de la reivindicación, y no su tímido techo, que bien podría regir a toda la escala, y no tan sólo a su base, es el que simboliza la lucha de tantos que han trabajado durante toda su vida, destinando aportes, y resignando consumos de otros presentes, para asegurarse el futuro.


Es que se quiere establecer esa cifra como una referencia concreta que vincule las retribuciones jubilatorias con las que rigen en el sector real de la economía


Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Eliff, Alberto José c/ ANSES”, dijo claramente:


“La prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia de su labor, de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y a su núcleo familiar las remuneraciones que venía recibiendo y que definían la cuantía de sus aportes, lo que ha llevado a privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad”.


Pretendemos que los adultos mayores tengan ingresos que estén correlacionados con la economía real actual, y no que estén referenciados a meros ajustes de datos históricos de una realidad pretérita en la que fueron postergados.


Los jubilados del hoy confiaron, en el ayer, en que el Estado iba a proteger sus ahorros o, incluso, siempre equivocadamente, algunos de ellos creyeron en las bondades de un sistema que se les presentó como alternativo, el de las administradoras de fondos para jubilados y pensionados, sistema que ya no existe.


Sea como fuere, nadie pudo escapar al trágico destino en el que periódicamente se han visto incursos los jubilados de todas las épocas, quienes siempre fueron relegados, cuando no sus ahorros saqueados, perdiendo en el camino su integridad económica y sus sueños de un retiro tranquilo.


Es así que generaciones de adultos mayores han dejado este mundo sin haber podido llegar a disfrutar el producto de su esfuerzo desilusionados, tras tantas promesas vanas y, en el mejor de los casos, sosteniéndose hasta sus últimos días gracias a la caridad ajena.


Hubo, no hay que negarlo, algunos avances. La ley de movilidad jubilatoria fue uno de estos avances. La moratoria previsional fue otro, por sus consiguientes méritos en términos de inclusión, aunque no debe dejar de señalarse que resultó bastante imperfecta en su instrumentación.


De esta moratoria digamos que, si bien es socialmente muy justo que todos los adultos mayores tengan alguna clase de prestación que los ampare, no es del todo correcto que tengan los mismos ingresos quienes aportaron respecto de los que no lo hicieron.


No se deberían confundir los sistemas, una cosa es la seguridad social y otra cosa bien distinta es la asistencia social. Ambas son necesarias, pero son, en su concepción, en su tratamiento, y en sus consecuencias, bastante diferentes.


Se ha venido equiparando para abajo, ya que la gran mayoría de los jubilados cobran las prestaciones mínimas, con independencia de los años que hubieran aportado, y sin considerar los mayores aportes realizados en el transcurso de la vida laboral activa.


Una vez más parece que da lo mismo cumplir que no hacerlo.


Esta movilidad que se creó y que sin dudas comportó un avance, al darle automaticidad a los aumentos a futuro, esconde una situación nada halagüeña, ya que sacralizó una injusta situación preexistente, el de un insólito achatamiento de la pirámide de los haberes previsionales.


Es que nada se hizo en cuanto a la necesaria recomposición de las escalas, sin tenerse en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos Badaro y Sánchez, situación que la media sanción de Diputados que hoy estamos tratando se encarga de corregir.


Parece que, desde el PEN, se prefiriese que los jubilados deban recurrir a la vía judicial para defender sus legítimos derechos, sometiéndolos a largos procesos y alimentando, una vez más, la “industria del juicio”.


Cómo si no fuera más correcto y sencillo, y de una vez por todas, darle a cada uno lo que le corresponde, recomponiendo las escalas, y adecuando los haberes conforme el nivel de los aportes realizados en el transcurso de la vida laboral activa


Estoy absolutamente convencido, señor Presidente, de que estamos en presencia de un debate histórico cuando hoy, muchos de los Senadores que estamos aquí presentes, queremos consagrar el 82% en la movilidad prestacional de nuestros jubilados.


Esa misma movilidad con distintas variantes ya está vigente en algunas provincias argentinas, como Neuquén, Chubut o la misma Santa Fe a la que represento.


A ese mismo 82 ya accedieron, a nivel nacional, los docentes, los investigadores en ciencia y tecnología, los diplomáticos, entre otros sectores laborales privilegiados, pero al que deben poder acceder todos, sin distinción alguna.


Ese mismo 82, que ya tuvo nuestro país en su momento, señor Presidente, gracias a la ley 14.499 que en 1958 se impulsara en tiempos de la Presidencia de Frondizi con la que, al eliminarse el componente redistributivo del régimen preexistente, y al establecerse el 82% móvil, independientemente de cuál fuera el nivel de recaudación del sistema, se sostuvo claramente la concepción de que la jubilación debe constituir una prolongación de la capacidad adquisitiva que tenía el trabajador en su vida laboral activa.


El 82, queda claro, fue posible en el pasado a nivel general. Y es posible en el presente, en varias provincias, y en el caso de varios sectores laborales.


En un país, donde se dice que los indicadores macroeconómicos son superlativos, y donde la ANSES tiene, efectivamente, recursos excedentarios; ¿Porqué negarles a los jubilados el 82% móvil y la recomposición de la escala de los haberes? ¿Es que los jubilados son ciudadanos de segunda?


El 82% intenta aproximar, con una cifra que resulte comparable, los ingresos de los adultos mayores con los que reciben los trabajadores activos.


Así es en los países más desarrollados del mundo. Así fue, en nuestra propia historia, en tiempos en los que la Argentina era modelo en Latinoamérica de mayor equidad y donde la movilidad social siempre era en sentido ascendente.


Y en este país de riquezas, donde las cifras macroeconómicas últimamente nos han beneficiado, con buenas perspectivas de que ello continúe en el futuro, dado el apropiado marco internacional, es absolutamente preciso ir pagando la deuda social, comenzando por desterrar lo injusto de que los jubilados argentinos sigan cobrando haberes con una brecha significativa respecto de los sueldos vigentes en el mercado laboral.


Si de lo que se tratara es de una escasez presupuestaria generalizada, que en rigor no advierto, pero que eventualmente en algún momento pueda reaparecer o sobrevenir, el esfuerzo lo deberemos hacer todos, y no seguir condenando a las privaciones a los jubilados.


Si en tiempos en los que se registran inusitados índices económicos, con crecimiento del producto bruto sostenido, con ingresos por exportaciones elevados, que permiten sostener la economía doméstica y el gasto gubernamental, con cierto grado de reactivación de la demanda interna, si hemos dejado atrás lo peor de la crisis del 2001-2, y hemos estado en condiciones de enfrentar los embates de la crisis financiera internacional, si en estos tiempos nada aciagos desde lo económico, no podemos extenderle la mano a nuestros jubilados, la verdad, ¡no sé hasta cuándo ellos deberán esperar!


Por supuesto que he visto y analizado con atención los informes con los que se pretende demostrar que es imposible acceder al 82% móvil.


Por supuesto que entiendo, cuando son producto de análisis comprometidos y objetivos, las preocupaciones de actuarios y economistas que no se limitan a ver el escenario de hoy, sino que intentan proyectarse en el futuro, en el marco de los fenómenos de envejecimiento poblacional, la subsistente economía en negro que afecta los índices de cobertura previsional, y los temores de que sea insustentable en el tiempo el régimen de seguridad social como un todo.


Por supuesto que también he evaluado otros informes, tan precisos, documentados y enjundiosos como los aludidos que, poniendo el acento en una perspectiva diferente, en la individual, demuestran que una persona que aportó durante buena parte de su vida, si preservara los recursos que se les descuentan para sostener el sistema jubilatorio en colocaciones de rendimiento promedio, podría tranquilamente acceder a prestaciones dignas, de más del 100% de los sueldos que tuvo en su vida laboral, durante al menos 20 años, desde el momento del retiro, teniendo en cuenta que ese lapso es el promedio de la esperanza de vida una vez que una persona está en edad de acceder a su jubilación.


Los números, señor Presidente, se pueden acomodar, ya lo sabemos, para un lado o para el otro.


Lo que no se puede acomodar, en todo caso, son las necesidades y, para ello, las decisiones políticas deben primar por sobre las consideraciones técnicas.


Es que se trata de asignar prioridades presupuestarias y, en eso, los políticos en general, y los legisladores nacionales en particular, tenemos algo para decir.


En ese orden, no se nos escapa que, en el actual contexto, nos encontramos con una ANSES superavitaria, que destina buena parte de los recursos a fines que no le son específicos, entre los que se halla el de financiar al Tesoro Nacional.


¿Y qué cosas se están financiando con la ANSES actual, no la del pasado, la que no podía sostener ni el 82 ni cifra alguna que se le parezca, sino ésta otra, la ANSES excedentaria, la que, en forma directa o indirecta, y a través de alquimias presupuestarias de las que suele hacerse gala, alimenta con sus recursos la caja administrada, muchas veces con excesivos grados de discrecionalidad, y con una errada priorización en el destino del gasto público, el Poder Ejecutivo nacional?


Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para el 82, la ANSES puede dar apoyo a industrias automotrices.


Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para el 82, el Estado nacional puede financiar el crecientemente deficitario Fútbol para Todos.


Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para el 82, la economía en negro sigue rampante, con numerosos trabajadores informales que no pagan los aportes previsionales. Ni ellos, ni quienes los someten a las condiciones de precariedad laboral. Y habría que preguntarse en todo caso qué es lo que el Estado hace para revertir esto.


Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para el 82, la publicidad oficial de gobierno sigue en ascenso descontrolado.


Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para el 82, se dan subsidios a los consumos energéticos de sectores acomodados de la sociedad.


Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para el 82, se atiende el déficit de Aerolíneas Argentinas, a cuyos servicios acceden grupos minoritarios y más favorecidos.


Podríamos seguir la enumeración, señor Presidente, pero me detengo, para no fatigar.


Con lo dicho, creo que en todo caso queda absolutamente claro que, en un contexto de una situación fiscal algo más holgada, que la que usualmente caracterizó a nuestro país, estamos en condiciones de, hoy, aquí y ahora, establecer una mayor equidad jubilatoria, una equidad real, una equidad que ponga a nuestros adultos mayores en sintonía con los ingresos que tiene actualmente la población activa y que restablezca la racionalidad en la pirámide prestacional.


En el hipotético caso, indemostrado por cierto, de que el 82% no fuera viable en el actual marco presupuestario, pues, en ese caso, todos deberíamos hacer alternativamente el esfuerzo, y no sólo los jubilados, quienes todo lo dieron, quienes no pueden seguir esperando.


En ese hipotético caso, entre todos, como debe ser, sin crispaciones, sin verdades reveladas, con la participación de los legisladores de todas las fuerzas políticas, podríamos, por ejemplo, y en este mismo momento en el que se está discutiendo el presupuesto en la Cámara de Diputados, evaluar qué otras medidas legislativas son necesarias para que el 82% sea la realidad que todos queremos que sea.


Podría, por caso, analizarse una reforma impositiva.


Podría, por caso, alentarse de una forma mas exitosa que la recientemente propuesta el reingreso de capitales argentinos que por desconfianza siguen en el exterior.


Podría, por caso, adoptarse las medidas consiguientes para combatir la economía en negro y el empleo informal.


Podría, por caso, generarse un clima apropiado de aliento a las inversiones (nacionales y extranjeras).


Podría, por caso, reformularse totalmente la matriz usada en la asignación de las prioridades de gastos.


Debemos, señor Presidente, en cualquier caso, poner en plena ejecutoriedad el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el que se establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable, y en el que se prevén jubilaciones y pensiones móviles.


Me siento, absolutamente comprometido a actuar en consecuencia de lo que me han pedido tantos hombres y mujeres que conversaron conmigo sobre este tema, a lo largo de mi permanente recorrida por todas las ciudades, pueblos y zona rurales tanto de Santa Fe como de otros puntos del país.


Hay que cumplir con la Constitución Nacional cuando le da al Congreso de la Nación, a través del inciso 23 del artículo 75, facultades para: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.


Hay que cumplir con la Carta Internacional de Derechos Humanos, señor Presidente, que establece como uno de los tres derechos humanos básicos a promover: “El derecho a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a los niveles más altos posibles de bienestar físico y mental”.


Por ello , señor Presidente, adelanto mi voto positivo , por entender que con la sanción de esta ley estaremos cumpliendo con una de las más antiguas y sentidas deudas sociales que tenemos todos los argentinos.
 
 
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Carlos Alberto Reutemann 

Senador Nacional

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